Esta acción se retoma una vez finalizado el proceso penal contra el equipo del ex presidente de Banesto Mario Conde cursado por la Audiencia Nacional y que ha culminado el Tribunal Supremo, imponiendo penas a los condenados de hasta 20 años, como en el caso del que fuera presidente de la entidad.

En la Junta de Accionistas de Banesto de marzo de 1994 se aprobó la acción social de responsabilidad contra Mario Conde y los anteriores gestores de Baneso, tomando como propuesta la presentada por el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda.

El entonces presidente de Banesto y actual consejero delegado del SCH, Alfredo Sáenz, durante su intervención final ante la Junta de Accionistas, dijo que la petición de Pineda le parecía la más adecuada de las 15 que se habían planteado y manifestó que el Consejo de Administración que presidía llevaría la iniciativa de dicha acción.

La conocida como acción social e responsabilidad se concretó en requerir, a quienes eran gestores de Banesto hasta el 27 de diciembre de 1993 (fecha en la que el Banco de España intervino la entidad financiera), "la obligación solidaria de reparar el daño que hubieran causado a la entidad por su negligencia o por la falta de diligencia en sus actuaciones".

Por ello, una vez cerrada la vía penal, se reabre la posibilidad de que la entidad recupere, en la vía administrativa, los más de 3.600 millones de euros de quebranto que le causron sus ex dirigentes.

SENTENCIA DEL SUPREMO

No obstante, la sentencia del Supremo conocida la pasada semana fijó para el equipo gestor condenado una indemnización en beneficio de Banesto por valor de 26,14 millones de euros (4.350 millones de pesetas).

En concreto, por la operación de retirada de caja de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros), el Tribunal Supremo establece que Mario Conde, ex presidente de la entidad financiera, indemnice a Banesto por ese importe.

En cuanto a la"Operación Cementeras", el Supremo mantiene la condena impuesta por la Audiencia Nacional a Mario Conde y al ex vicepresidente de Banesto Arturo Romaní de indemnizar, de forma conjunta, a la entidad financiera con 1.556 millones de pesetas (9,35 millones de euros). De esta sanción económica, "responderán subsidiariamente las sociedades Gay Cordon y Data Transmission System", según establece el fallo.

Respecto a la "Operación Carburos Metálicos", el Alto Tribunal condena a Arturo Romaní y al ex directio del banco Rafael Pérez Escolar a indemnizar a Banesto, de forma conjunta y solidaria, con 1.344 millones de pesetas (8,08 millones de euros).

En la "Operación Locales Comerciales", el Supremo mantiene la condena impuesta por la Audiencia Nacional al ex directivo Fernando Garro, que deberá indemnizar a Banesto con 1.150 millones de pesetas (6,91 millones de euros).

Por todo ello, Banesto recibirá 26,14 millones de euros como indemnización por todas esas operaciones, consideradas por el Alto Tribnal como delictivas y que supieron un perjuicio económico para la entidad.