Co esta resolución, a la que tuvo acceso Servimedia, Del Olmo pone fin a la instrucción de este caso, que se ha prolongado desde marzo de 1998 hasta el pasado 3 de mayo, día en el que dictó el auto de apertura de juicio oral.

Durante todo este tiempo, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha tratado de esclarecer la apropiación de unos 100 millones de euros (16.386 millones de pesetas) de inversores que confiaron su dinero a la Agencia de Valores Aragonesa (AVA).

Segúnla investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional, AVA, a su vez, confió el dinero al banco Socimer (propiedad de Transáfrica) que lo utilizó para comprar el banco argentino Medefín -en quiebra técnica-, con el conocimiento de Andre & Cie.

Ahora, el juez acusa a Emilio Ruiz de Salazar, ex presidente de AVA, a su ex consejero delegado Enrique Angel Coronado, así como a quienes fueran consejeros de dicha sociedad, Pilar Barrios, Juan José Camacho, José María Pedruzo, Santiago Pla, Santiago VianJose Luis Zarraluqui.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acusa también a Rafael Salama, responsable de Socimer International Bank, Salomón Benatar y Juan Enrique Castañeda, directivos de Transáfrica; y Raymond Cretegny, de la empresa suiza Andre&Cie; y Miguel Angel Ibáñez, auditor de KPMG, entre otros.

El magistrado les imputa presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida y delitos societarios e impone una fianza conjunta y solidaria de61.309.385,63 euros (13.861.515.437 pesetas) a Rafael Salama, Salomón Benatar, Juan Enrique Castañeda, Raymond Cretegny y otros tres acusados más.

De esta fianza deberán responder, con carácter subsidiario y solidario las mercantiles Transáfrica y André y Cie, según el magistrado, quien especifica que "Miguel Ibáñez Hernando y la firma KPMG Peat Marwick Auditores S.L. responderán solidariamente hasta el importe de 33.073.696,10 euros".

Asimismo, Del Olmo precisa que "los restantes socios auditore de la citada firma al tiempo de los hechos objeto de acusación, responderán subsidiaria y solidariamente entre sí por la citada suma", que equivalen a 5.503.000.000 pesetas.

Además, impone otra fianza, esta vez de 8.585.115,06 euros (1.428.442.995 pesetas) a Coronado, Ruiz de Salazar, Barrio de la Fuente, Camacho Barrachina, Pedruzo Aguirreurreta, Pla Pascual, Vian Carazo. El juez señala que de esta cantidad responderán de forma subsidiaria y solidaria AVA, Asesores de Valores Agencia de Valores S.A. AVA Rioja, AVA Navarra y AVA Madrid.

PETICIONES DEL FISCAL

La Fiscalía Anticorrupción, encargada de este caso, pide penas de hasta 15 años de cárcel y que se pague a los inversores perjudicados de AVA con 125.010.517 euros (20.800 millones de pesetas)

Concretamente, el Ministerio Fiscal solicita 13 años de cárcel (9 por el delito de estafa y 4 por apropiación indebida) para el ex presidente de AVA, Emilio Ruiz de Salazar, el ex consejero delegado Enrique Angel Coronado, así como para Pilar Barios, Juan José Camacho, José María Pedruzo, Santiago Pla, Santiago Vian y Jose Luis Zarraluqui.

El fiscal pide más años de cárcel, un total de 15, para los responsables del Banco Socimer, que actuaba de intermediario con AVA, y de su matriz Transáfrica.

Quienes se enfrentarán a esta petición de prisión serán el presidente de Transafrica, Rafael Salama, el consejero delegado, Juan Enrique Castañeda, y el ex consejero Philippe Werro, así como Raymond Cretigny, director general de André y Cie (emprea propietaria del 49% de Transafrica).

Asimismo, el Ministerio Público exige 12 años de prisión para el consejero delegado de Socimer, Salomón Benatar, para el administrador de Socimer Finance Holding, Claude Waelti y para Henri André, dueño de la sociedad André y Cíe. La Fiscalía Anticorrupción solicita también 3 años de prisión para el auditor de KPMG Miguel Angel Ibáñez Hernando.

ADICAE PIDE MAS DUREZA

En una nota de prensa difundida esta tarde, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Sguros (ADICAE), personada como acusación en este caso, lamenta que el juez Del Olmo no haya aceptado las "máximas" medidas cautelares que habían solicitado contra los acusados, como la personación diaria en el juzgado hasta la celebración del juicio.

ADICAE considera que "en los delitos de cuello blanco, mientras no aparezca todo el dinero defraudado, a los presuntos delincuentes deben de asignárseles las máximas medidas cautelares y, en su día, el cumplimiento íntegro de las penas, sin beneficios pentenciarios".

En opinión de esta asociación, así debe recogerse en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal, "como única medida ejemplarizante para acabar con la lacra de la corrupción en los servicios financieros con repercusiones masivas en los consumidores y usuarios, que de otra manera podrían ser considerados como un negocio redondo para los que cometen estos delitos".