La portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, María Tardón, se congratuló de esta resolución judicial, pero mostró su "amargura" por el trato que ha recibido el magistrado.

"Lo que a cualquier ciudadano particular no le supondría más que estar sometido a un procedimiento penal", dijo, "a un juez le supone, por un lado, un oprobio público constante y, por otro, que el propio Consejo General del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, le suspenda de funciones y de sueldo".

A su juicio, e un asunto de estas características se debió ser especialmente escrupuloso a la hora de decretar un procesamiento, porque existían numerosas razones para dudar de la palabra de los menores que inculparon a Rico Lara.

Por tanto, la portavoz de la Francisco de Vitoria abogó por que se dé algún tipo de reparación a este magistrado, no sólo legal, sino incluso moral. "A mí me gustaría que aquellos ataques tan tremendos que vinieron de todos los medios, basándose en una especie de justicia material, la socedad mediática también contribuyera a repararlos", indicó.

En términos similares se manifestó José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien se felicitó por la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla, máxime teniendo en cuenta el cargo que ocupaba Manuel Rico Lara.

En declaraciones a Servimedia, Requero expresó su deseo de que el magistrado se incorpore lo antes posible a su puesto y consideró "muy graves" los ataques que sufrió desde los distintosmedios de comunicación.

"La condena o la absolución tiene que ser fruto de una sentencia, y no de juicios paralelos", señaló el portavoz de la APM, quien estimó necesario que el honor de Manuel Rico Lara quede completamente restablecido.

Por su parte, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Javier González, mostró su respeto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y lamentó la "distorsión" que se ha hecho de la imagen del magistrado ante la opinión pública.

González dijo a Servimedia que, tras esta resolución absolutoria, la opinión pública puede entrar en un "grado de confusión" importante, que tendría como consecuencia una merma de la credibilidad de los tribunales de justicia.

El portavoz de JPD añadió que, una vez que la sentencia sea firme, lo normal es que a Rico Lara se le permita reintegrarse a la carrera judicial e incluso se le dispense algún tipo de reparación moral.