Los profesores Francisco Alvira y José García López explican en el nº 98 de "Papeles de Economía Española, de FUNCAS, que "la tasa de residentes extracomunitarios en España pasó del 1,5% en 1999 al 3,7% en 2002 y que, al cierre de 2002, los cinco Esados miembros de la UE con mayor población recibieron el 76% de la inmigración y de ellos España fue el receptor con mayor tasa, del 22,2% respecto a su población".

El estudio destaca también que en el año 2003, el 48% de los españoles opinaban que los inmigrantes son demasiados y un 85% consideraban que sólo se debería permitir la entrada a los inmigrantes con un contrato de trabajo.

Otro dato del informe es el del 74% de españoles que se manifiesta dispuesto a que sus hijos compartan aulas y copitan por sus plazas con los inmigrantes (más de 200.000 alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias ocupaban plazas en los colegios públicos).

Además, un 46% de españoles percibe que sus conciudadanos tratan a los inmigrantes con desconfianza, un 12% percibe incluso desprecio y agresión y sólo un 24% estima que lo hacen con normalidad y amabilidad.

El 58% de los encuestados considera la inmigración como un factor que influye en el aumento de la inseguridad ciudadana: en Madrid y Barcelon, un 43% de los encuestados manifiesta tener sensación de inseguridad. En 1997, únicamente el 17,8% de la población reclusa era extranjera. Cinco años después, el total de población reclusa aumentaba en un 17,6% y la de los extranjeros en un 61%, representando el 23,9% del total.

Según el estudio, el 52% de los españoles prevé un fuerte aumento de extranjeros en los próximos años, frente a un 35% que creé que aumentará algo y un 6% que opina que se mantendrá el número existente.

DISTRIBUCION

Auque un 28% de los extranjeros residentes en España proviene de los países ricos, sólo un 5% piensa en ellos como inmigrantes. Al contrario, un 77% piensa en los marroquíes al hablar de inmigrantes, cuando su peso en la población total de extranjeros es de sólo el 20%. Un ejemplo ilustrativo es que la población total marroquí censada en España es similar a la población de Teruel, Avila o Segovia.

En 2003, la mayor presencia de residentes extranjeros se registraba en Baleares (7,22%), Canarias (5,48%), ataluña (5,20%), Madrid (5,03%), y Murcia (4,42%), comunidades donde los censados representan aproximadamente el 5,7% de la población total.

Por el contrario, el porcentaje de extranjeros es pequeño, en torno al 1% de su población, en Cantabria (1,60%), Castilla-La Mancha (1,44%), Castilla y León (1,26%), Asturias (1,15%), Extremadura (1,04%) y País Vasco (1,01%).

El profesor Benjamín García, por su parte, destaca que en 1990 sólo 3.633 inmigrantes fijaban su residencia el mundo rural (el 26,5% dl total de inmigrantes extranjeros) y en 2001 lo hacen nada menos que 61.989 (el 15,7% del total); la cifra, por tanto, se ha multiplicado por 17.

La proporción de extranjeros sobre la población rural era, a finales de 2001, del 3,1%, tasa algo inferior a la del conjunto de España, que se situaba en el 4,7%.

Ahora bien, aclara García, en el mundo rural hay grandes disparidades, con la tasa mayor en Baleares (11,8%) y la más baja en Extremadura (0,8%).

CAMBIOS SOCIALES

"Es muy probable", afrma el profesor Joaquín Arango en la publicación de FUNCAS, "que el número total de inmigrantes en España supere holgadamente los dos millones y, consiguientemente, suponga el 5% de la población total".

El número de trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social confirma estas magnitudes: los últimos datos de octubre de 2003 cifran el número de los afiliados extracomunitarios en unos 738.000, lo que supone el 4,42% del total de afiliados. Si a ellos se añaden los comunitarios, se supera clarmente la cota del 5%, explica.

Respecto a las grandes ciudades, la población de origen extranjero empadronada en Madrid suponía, en octubre de 2003, el 12,5% de la total y otro tanto cabe decir de la de Barcelona.

El volumen de extranjeros se ha casi duplicado en cuatro años y medio, y triplicado con creces en diez. Sólo en la primera mitad de 2003 el número de los residentes legales ha aumentado en 125.000, un 10% más de los que había un año antes.

Los profesores Eduardo Sagarra, de la Univrsidad de Barcelona y ESADE y Francisco Massó de la Universidad. de Castilla-La Mancha, comentan cómo en España el flujo creciente de inmigrantes económicos ha provocado un complejo panorama de normas, con continuas modificaciones que complican la seguridad jurídica, la claridad y la transparencia del derecho español de extranjería. El legislador ha optado por una política de control, más que de integración de los inmigrantes, señalan.

PERMANENCIA

El estudio resalta que las provincias de Madrid, Barelona y Valencia se erigen en lugares de instalación duradera de los extranjeros no comunitarios, puesto que en ellas tanto la nupcialidad como, sobre todo, la natalidad alcanzan valores superiores al promedio nacional.

En Alicante, Málaga, Baleares, Tenerife y Las Palmas se instalan definitivamente jubilados europeos (la natalidad y la nupcialidad son bajas: más débiles en Alicante, Málaga y Tenerife, y menos en Baleares y Las Palmas) y en Gerona, Murcia y Almería donde la instalación es todavía escaa y va despacio (natalidades por encima de la media, en torno a 25 por 1.000, salvo en Almería, con 20 por 1.000) junto con nupcialidades muy bajas: menos de la mitad de la media nacional.

Por otro lado, el informe señala que la tasa de actividad de los extranjeros respecto a la población activa es 16,5 puntos superior a la de los españoles, lo que se debe sobre todo a la elevada tasa de los no comunitarios.

El peso de las mujeres en el total del empleo es también significativamente más important en la población extranjera no comunitaria (44,6%) que en la española (37,4%).

Por sector de actividad, la agricultura y la construcción tienen un peso más elevado en la población ocupada extranjera que en la española; los servicios, un peso similar, y la industria, un peso significativamente inferior.

Finalmente, el volumen de dinero enviado por los inmigrantes a sus países de origen supera los 2.300 millones de euros con un crecimiento casi exponencial, hasta el punto de que esta cifra se ha mutiplicado por 2,5 en tan solo cuatro años.

En promedio, cada inmigrante enviaría al exterior 3.864 euros al año o bien 322 euros mensuales. La cuestión esencial, apunta el informe, es que "estamos frente a un mercado que está siendo casi monopolizado por las empresas de envío de dinero", más coloquialmente conocidas como remesadoras.