Los resultados del estudio se extraen de los datos ofrecidos tanto por parte del Ministerio de Sanidad como de las autonomías que los publicaron. Así, en 2022 un total de 152 personas fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia de las 576 peticiones totales de ayuda para morir.

Igualmente, en 2023, las solicitudes de eutanasia aumentaron alrededor de un 30% (727 peticiones) y en un 15% las prestaciones de ayuda (323 casos), según la información recopilada por DMD hasta la fecha.

Asimismo, la DMD informó de que las comunidades que no ofrecieron ningún informe de evaluación desde la entrada de vigor de la ley son las Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra.

“En la práctica, los datos disponibles no permiten analizar la situación más que de manera superficial”, denunció Marín.

En su evaluación de los tres años de la Ley de Eutanasia, la asociación criticó la “excesiva duración” del procedimiento de ayuda para morir, con una media de 75 días, y una mediana de 55´5, cuando no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20% del total.

“Se ignora cuántas personas solicitaron la eutanasia en su testamento vital, porque en 215 caso no aparece este dato en el informe del Ministerio de Sanidad”, apuntó la coordinadora internacional de DMD, Loren Arseguet, quien también cuestionó la calidad de las cifras dadas por el Ministerio.

En este sentido, añadió que “el informe transmite una sensación de fragilidad e incertidumbre, denota improvisación y pone en duda la fiabilidad del Sistema de Información de la Eutanasia diseñado por el Ministerio”.

“MALTRATO INSTITUCIONAL”

La DMD señaló su preocupación por el “maltrato institucional” que reciben algunos solicitantes de la prestación de ayuda para morir, lo que supone un “sufrimiento añadido” para estas personas y sus familias.

A pesar de la “escasez y mala calidad” de los datos, las tasas de fallecimientos por eutanasia muestran diferencias notables entre comunidades autónomas, lo cual es un hecho que revela desigualdad en el acceso a esta prestación entre distintos territorios, según subrayaron desde la DMD.

Estos casos, “aunque no sean en absoluto la norma, son muy significativos, porque todos pasaron por el trámite de valoración de la comisión de garantía, y delatan las limitaciones y en ocasiones los excesos de estas comisiones”, explicó Marín.

Así pues, los representantes de la asociación expusieron casos reales de personas y/o familiares que recibieron la eutanasia y abogaron por una “mayor concienciación y conocimiento del derecho a morir”.