Esta organización reclamó hoy al Gobierno la adopción de un plan urgente de protección de los consumidores afectados por la crisis económica.

En España, según datos de la encuesta sobre la situación financiera de las familias publicada por la OCU en enero de 2008, el 49,6% de las familias tiene una hipoteca.

Esta organización denuncia que muchas de estas familias se embarcaron en la compra de una vivienda alentadas por las propias entidades financieras que, en gran parte de los casos, "otorgaron créditos de forma poco responsable, a familias que no reunían los requisitos adecuados de solvencia, o concedían créditos por encima del 100% del valor de tasación de los activos que garantizan la deuda".

A juicio de la OCU, es injusto que el Gobierno "destine miles de millones de euros de las arcas públicas a salvar a posibles entidades financieras en apuros, que son las verdaderas culpables de la crisis financiera en la que nos encontramos, y se olvide de ayudar a los consumidores que se encuentran en dificultades por esa crisis económica".

PLAN URGENTE

Por todo ello, la OCU ha propuesto hoy al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios un plan urgente que se centre en medidas que permitan a las familias la reestructuración de sus deudas hipotecarias para evitar la situación de insolvencia.

Para ello, propone "eliminar los costes de la novación de las condiciones de los préstamos que posibiliten introducir un periodo de carencia de un año con un interés de demora igual al interés legal, nuevos planes de amortización o el aplazamiento y escalonamiento de las deudas".

El plan también incluye medidas de protección del patrimonio familiar en caso de insolvencia definitiva. En este sentido, la OCU reclama un procedimiento concursal abreviado destinado a las familias, gratuito y que asegure mediante la tutela judicial la conservación en lo posible del patrimonio familiar o la ordenada liquidación del mismo.

Completan el plan medidas fiscales que faciliten la transmisión de la vivienda a quienes se vean afectados por una insolvencia sobrevenida; y la reforma del sistema de ejecución hipotecaria, mediante subastas "para evitar que desaprensivos sin escrúpulos y profesionales codiciosos sean los únicos beneficiados de la ruina económica de las familias".