El "número dos" del Ejecutivo quiso dejar claro que el Gabinete de José Maria Aznar "no va a rebasar la línea de la interferencia con la justicia" y añadió que el pago de una fianza supondría una quiebra del principio de que todos los cidadanos son iguales ante la ley.

No obstante, subrayó que las autoridades españolas continuarán su labor de "sensibilización" de la administración estadounidense "porque este caso", precisó, "tiene una enorme trascendencia política".

Alvarez Cascos se dirigió al parlamentario gallego para relatarle todas las acciones diplomáticas emprendidas en el "caso Ferreiro" y concluir que en este asunto no se puede poner en duda el "máximo interés mostrado" por el Gobierno español.

LIBERTAD DE COMERCIO

El vicepresidente primero también respondió con anterioridad en el pleno a otra pregunta planteada por el parlamentario de Izquierda Unida (IU) Francisco Frutos acerca de las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar la libertad de comercio de los empresarios españoles con intereses económicos en Cuba.

En su respuesta, Alvarez Cascos recordó que la posición tradicional del Gobierno español ha sido siempre la de oponerse al embargo económico impuesto por Estados Unidos y que en l actualidad está preparando una normativa específica para proteger a los españoles de cualquier tipode medidas extraterritoriales que puedan ser aplicadas por países terceros.

Frutos no se mostró satisfecho con la respuesta de Alvarez Cascos y puso de relieve que el problema radica en que Estados Unidos han cogido un rehén (en alusión al "caso Ferreiro"), con el que están haciendo "presión, chantaje y extorsión".

Alvarez Cascos replicó que Ferreiro no está siendo objeto de la aplicación de una le extraterritorial y que el Gobierno español está haciendo en este caso "exactamente lo mismo que le permitiría hacer a los Estados Unidos si se tratara de un ciudadano estadounidense en España".