A su juicio, para que un juez envíe a una persona a la cárcel po delito fiscal, "hay que fijarse en la conducta, no en la cuantía, porque estamos hablando de privación de libertad, no de sanciones o de multas. Tiene que haber voluntad de delinquir manifiesta".

En cualquier caso, el diputado de Unió Democràtica de Catalunya defendió, como criterio general, una elevación de la cuantía mínima defraudada de 5 a 15 millones de pesetas para que el fraude pueda ser considerado delito.

En su opinión, el 'caso Rubio' no tiene porqué influir en la tramitación de la Leyde Delito Fiscal. "Que Rubio vaya o no vaya a la cárcel no tiene importancia; social y políticamente ya está juzgado", agregó. "Sabemos que no va a volver a ocurrir algo así en el Banco de España. El 'caso Ibercorp' no puede estar en la cabeza de la gente a la hora de debatir esta ley".

PRESION FISCAL

En consonancia con las declaraciones del portavoz de CiU en el Congreso, Miquel Roca, Jordi Casas advirtió a los socialistas que si aumentan la presión fiscal no estarían cumpliendo lo pactado y sería na decisión "muy grave", "nos estarían engañando".

Agregó que para que no existan "problemas" en las relaciones que mantienen CiU y el PSOE, los socialistas deben respetar lo pactado respecto a los presupuestos y las medidas económicas que hay que aplicar en el país.

Asimismo, instó al Gobierno a posibilitar que las comunidades autónomas tengan una mayor capacidad de gestión de los fondos de cohesión europeos.

Finalmente, afirmó que posiblemente sea necesario, durante la tramitación de la Le de Presupuestos en el Senado, realizar algunos ajustes, a través de enmiendas, para que la rebaja de los costes laborales no impida controlar la inflación y con el fin de consolidar el apoyo a la economía productiva.