Según informó el PP tras el encuentro, en el marco de la fiscalidad, el PP de Canarias exige al Gobierno que se amplíe de los actuales cuatro a seis los años de beneficios tributarios para aquellas empresas que operen en determinadas zonas de las islas, de acuerdo al Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, con la finalidad de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y diversificar su estructura productiva.

El martes se convalidó en el Congreso el Real Decreto-ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias con el apoyo del PP aunque con la reclamación de que se tramitara como proyecto de ley para que la vigencia de beneficios fiscales a empresas del 4% vigentes en la Zona Especial Canaria (ZEC) se ampliara no solo cuatro años (2023-2027) sino seis, hasta el 2029. En el PP se quejan de que “el Gobierno dio la espalda” a esta petición.

“Ante la improvisación del Gobierno, que solo pone parches y remiendos ante las situaciones que se va encontrando”, Casado y Domínguez acordaron impulsar un plan global de reconstrucción “con medidas coherentes y estudiadas con detenimiento” para la isla de La Palma.

Según trasladó el PP, básicamente se trataría “de blindar por ley la exigencia de cumplimiento de los planes aprobados para La Palma, que cuenta con una dotación de 1.000 millones de euros”.

Finalmente, el presidente del PP en Canarias trasladó a Casado su preocupación “por el importante repunte de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas que está provocando que la situación en las Islas esté completamente desbordada”.

A este respeto, el PP señaló que “es imprescindible reforzar nuestras fronteras con mayor presencia policial, aumentar la dotación social, con mejores infraestructuras y establecer un plan que garantice una inmigración ordenada, que ataje el incremento de las actuaciones de mafias organizadas que trafican con seres humanos”.