Así figura en sendas instrucciones de contratación y sobre procedimiento presupuestario y contabilidad, que entraron en vigor este miércoles.

El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2022 un real decreto que reestructura la Casa del Rey y continúa con el proceso de modernización iniciado por Felipe VI tras su proclamación, al ahondar en el reforzamiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y publicidad, en línea con el compromiso de la Corona con la sociedad de observar una conducta íntegra, honesta y transparente.

Por ello, este miércoles entraron en vigor nuevas instrucciones de contratación, que incorpora el principio de publicidad a los de concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, con el fin de lograr una mayor transparencia, eficiencia y calidad.

Una de las novedades es que la web de la Casa del Rey tendrá, como ocurre con las de numerosas Administraciones públicas, un “perfil del contratante” como espacio con información y documentos relativos a la actividad contractual de la Corona con empresas.

Ese espacio incluirá las instrucciones de contratación del servicio. En los contratos valorados en más de 15.000 euros deberá figurar el anuncio de licitación (salvo los procedimientos negociados sin publicidad), los pliegos de condiciones, la adjudicación y el propio contrato.

Asimismo, la Casa del Rey podrá publicar un anuncio de información previa para dar a conocer los contratos que tenga proyectado adjudicar en los 12 meses siguientes.

En relación con los contratos menores, la web de la Casa del Rey publicará trimestralmente el objeto, la duración y el importe de licitación y de la adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, el número de licitadores y la identidad del adjudicatario.

Se exceptúan de la obligación de esa publicación los contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 3.500 euros en los que el sistema de pago utilizado fuera el de anticipo de caja fija u otro similar.

Por otro lado, la Casa del Rey cuenta con nuevas instrucciones sobre el procedimiento presupuestario y la contabilidad, ajustadas a las técnicas y principios propios del sector público y respetando la autonomía presupuestaria.