El origen del conflicto urbanístico, que se remonta a 1987, está en la ampliación ilegal de la residecia que ocupan los Duques de Badajoz en las inmediaciones de Portopí, frente al Paseo Marítimo de Palma.

La decisión del TSJB obliga al municipio a ejecutar una sentencia firme del Tribunal Supremo por la que debía proceder a la demolición de la parte ilegalmente construida en el citado inmueble y que rechazó hace diez años el ayuntamiento palmesano, entonces en manos del PSOE.

La acción de demolición quedó frenada tras obtener el PP la mayoría absoluta en Palma. En el auto del TSJB se advierte a primer edil, Joan Fageda, que "podrá ser procesado por desacato o desobediencia" si no ordena la demolición en el plazo máximo de un mes.

La actitud municipal es calificada de "contumaz al demostrar a las claras que un manifiesto cumplimiento de la sentencia -la dictada por el Tribunal Supremo-, con lo que resulta una deliberada oposición".