Tras una denuncia presentada por Greenpeace, estas empresas se reunieron el pasado 8 de junio con el presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados (Abras, en sus siglas en portugués).

En la mencionada reunión se aprobó como medida inmediata la suspensión de las compras y distribución de los productos procedentes de fincas denunciadas por el fiscal del Estado de Pará, y que están involucradas en la deforestación ilegal de la Amazonía, según la patronal brasileña.

Como medida adicional, los supermercados buscarán una auditoría independiente para garantizar que los productos que venden no son de las áreas de la deforestación de la Amazonia.