En la nota emitida hoy por el Pleno se especifica que la decisión de admitir el recurso de la Fiscalía contra la investigación de Andreu fue adoptada por una "amplia mayoría" de los 18 magistrados que conforman este órgano, aunque también hubo algunos votos particulares discrepantes.

Fuentes jurídicas señalaron que la decisión fue adoptada con los votos a favor de 14 magistrados, mientras que los jueces que se opusieron y que dictarán voto particular son Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Manuela Fernández Prado.

Las mismas fuentes explicaron que la decisión no tiene "nada que ver" con la reciente limitación por parte del Congreso de los Diputados de la jurisdicción universal, sino que simplemente los magistrados han entendido que la jurisdicción de Israel tiene preferencia para investigar los hechos.

El ponente de la decisión, el magistrado Juan Francisco Martell Rivero, redactará el auto en los próximos días. La decisión puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El fiscal encargado del caso, Pedro Martínez, solicitó a la Sala de lo Penal el archivo de la causa al entender que Israel tiene "carácter preferente" para investigar los hechos.

Tras recibir una querella interpuesta por familiares de las víctimas, el juez Andreu decidió el pasado 9 de enero iniciar una investigación e imputó al ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y otros seis militares.

La querella les acusaba de crímenes de guerra por ordenar o participar en el bombardeo en la ciudad de Gaza en el que murieron 15 personas, la mayoría niños, debido a un ataque de la aviación israelí que pretendía acabar con la vida del presunto líder de Hamás Salah Shehadeh.

"INTERPRETACIÓN OPORTUNISTA"

En su recurso, la Fiscalía acusaba a Andreu de haber realizado una "interpretación oportunista" de las investigaciones llevadas a cabo por Israel, ya que el magistrado aseguró que la comisión militar creada en ese país para esclarecer los hechos se rigió "por criterios puramente militares, estratégicos y operativos".

En concreto, un grupo de víctimas presentó ante el Tribunal Supremo de Israel hace más de seis años una querella por el bombardeo. Este órgano jurídico decidió remitir el caso a una comisión consultiva creada por el Gobierno y que, según denunciaron las víctimas, pecaba de parcialidad al estar formada por varios ex militares, si bien el Supremo rechazó estas acusaciones.

El fiscal Martínez aseguró que detrás de la "interpretación oportunista" de Andreu latía "una desconfianza absoluta hacia un sistema judicial y un Estado de Derecho" y consideró que las investigaciones llevadas a cabo por Israel, "con independencia de cuál sea su resultado final, respondieron a los cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho".

Las decisiones adoptadas al respecto por la justicia israelí "satisfacen plenamente -desde la perspectiva constitucional- las exigencias derivadas de la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva por una justicia independiente e imparcial", asegura la Fiscalía.

En contra de esta tesis, Andreu decidió en mayo pasado seguir con la investigación y aseguró que "desde la fecha de comisión de los hechos, en el mes de julio de 2002, las autoridades de Israel no han incoado ningún procedimiento criminal que tenga por objeto determinar si de los hechos denunciados puede derivarse la existencia de algún tipo de responsabilidad penal".