Alborch no consiguió alcanzar un acuerdo sobre el destino de dicho legado conlas autoridades municipales provinciales y académicas salmantinas, tras mantener con ellas una reunión de dos horas y media en la sede de su ministerio.

La ministra aseguró, no obstante, que hay un principio de diálogo "en el que vamos a buscar el consenso; se ha impuesto la serenidad y la razón para que el Archivo Histórico de Salamanca siga teniendo este título".

Recalcó la intención del Gobierno de modernizar los contenidos e instalaciones de este centro documental y anunció que mañana viernestrasladará al Consejo de Ministros las propuestas realizadas por las autoridades salmantinas.

"El Gobierno ha tomado un acuerdo para el traslado de los fondos reclamados por la Generalitat y hasta el momento no hay motivo para desdecirse", señaló Alborch, que afirmó que "no ha habido trato de privilegio para Cataluña, puesto que cualquier comunidad puede reclamar los fondos que considere que se le han incautado ilegítimamente".

Por su parte, el alcalde de Salamanca, el socialista Jesús Málaga, asguró que "hemos comenzado un diálogo, pero en absoluto la aceptación de que se lleven los documentos".

El alcalde aseguró que se mantiene la vigilancia de los citados fondos por parte de la Policía Municipal de Salamanca para impedir que se disgregue lo que considera una parte fundamental de los documentos que guarda el Archivo.

Explicó que los fondos que pretende recuperar la Generalitat ni siquiera son en su totalidad pertenecientes al Gobierno catalán, ya que más de la mitad de las 507 cajas qe reclama corresponden a archivos de las distintas brigadas que participaron en la Guerra Civil y a particulares, por lo cual vascos y andaluces estarían en las mismas condiciones de reclamar esos legajos.

El alcalde aseguró que, "sin la parte que ahora se disgrega, es imposible el estudio de la represión franquista y según los técnicos es preferible que se lo lleven entero a dejarlo mutilado".

Málaga recalcó igualmente que, si cundiera el ejemplo dado por la Generalitat de Cataluña al reclamar etos fondos, se desharían numerosos archivos, museos e incluso la propia Biblioteca Nacional.