El ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, precedió a la ministra con una intervención en la que realizó una semblanza de la carrera de Alborch como profesora de Derecho Mercantil y recordó su común vinculación con el abogado valenciano Mnuel Broseta, asesinado hace dos años por ETA.

Después de señalar que los seis meses transcurridos desde su nombramiento han sido "cortos pero intensos" y le han permitido conocer de primera mano las necesidades y las posibilidades de la cultura en nuestro país y reflexionar sobre las iniciativas para preservar y potenciar el patrimonio cultural español.

"Debemos evitar la tentación de pensar, como ocurre en otros países, que en épocas de crisis los gastos en cultura son superfluos", afirmó la miistra, quien añadió más tarde que, "en los momentos de escasez presupuestaria, hay que hacer un esfuerzo de imaginación y rigor".

Las posibles vías para hacer frente a las necesidades económicas que requiere el mantenimiento y la potenciación de la cultura, pasan, según Alborch, por abrir cuanto antes los cauces para una participación privada en la financiación de estas actividades, a través del mecenazgo.

La ministra dejó claro que el apoyo económico a los sectores culturales no debe caer en el xcesivo proteccionismo: "porque no corresponde al Estado una actitud paternal, y porque esa filosofía siempre crea insatisfacciones, ya sea de los que no reciben o de los que recibían y dejan de hacerlo".

También será importante que los otros ministerios, que también tienen competencias en algunos aspectos relacionados con la cultura, compartan esa política de apoyo y elaboren medidas conjuntas.

Este es el caso del Proyecto de Ley de Mecenazgo, en el que han intervenido los ministerios de Economí y Hacienda, Asuntos Sociales y Justicia, o el Plan Estratégico de Turismo Cultural, elebaorado conjuntamente con el Ministerio de Comercio y Turismo.

Del mismo modo, Alborch es partidaria, "al igual que han hecho mis antecesores, de una descentralización de las políticas culturales y una colaboración entre el Gobierno central y los autonómicos, al margen de intereses partidistas, y muy especialmente en el terreno de la conservación del patrimonio.