Según el consejero de Justicia, que realizó estas declaraciones antes de intervenir en la jornada "La justicia, una reforma inaplazable", de los cursos de la Complutense en El Escorial, el proyecto de la Ciudad de la Justicia tiene su origen en un Protocolo firado en marzo de 1999 por el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento madrileño.

"Esta ciudad", matizó, "debe permitir mejorar no sólo las condiciones de trabajo de los jueces, magistrados, fiscales, funcionarios y el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, sino también de quienes colaboran con ella por su profesión".

Además, Carlos Mayor añadió que, dicha ciudad debe "favorecer", especialmente, el acceso a los ciudadanos al derecho constitucional d tutela judicial.

El consejero de Justicia madrileño admitió que los órganos judiciales existentes en la capital y en el resto de la Comunidad de Madrid padecen "algunas deficiencias", tal y como se pone de manifiesto en un estudio técnico elaborado por la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local al revelar la existencia de "espacios inadecuados y una excesiva dispersión geográfica de órganos en 16 edificios distintos, incluso del mismo orden jurisdiccional".

Según Carlos Maor, la construcción de una Ciudad de la Justicia, que previsiblemente constará de un inmueble de 80.000 metros cuadrados, "garantizaría que las necesidades de espacio para albergar la Administración judicial en la capital quedasen satisfechas por un largo periodo de tiempo".

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

El consejero de Justicia, Carlos Mayor, también destacó la elaboración de un Plan de Infraestructuras de más de 4.000 millones de pesetas para ejecutar obras nuevas o reestructurar las ya existentes.

El plan tiene el objetivo de dotar a los restantes 19 partidos judiciales de la región, excluido Madrid capital que ya dispondría de la Ciudad de la Justicia, de inmuebles adecuados para el ejercicio de las función jurisdiccional, y para lograr "un mayor acercamiento de la Justicia a los ciudadanos", subrayó Carlos Mayor.

Por último, el consejero de Justicia madrileño resaltó la elaboración de un Plan de Informatización y de Comunicaciones "con un plazo de ejecución de 4 años", y de este modo, "dar rspuesta a las crecientes necesidades de los órganos que intervienen en la Administración de la Justicia".