Esta denuncia la realizó Lui Franco durante su intervención en la presentación del libro "La caña y el pez", un estudio sobre los salarios sociales en las diferentes comunidades autónomas, en el que ha colaborado Cáritas Española.

A la presentación del estudio asistieron dos de sus autores, Manuel Aguilar y Miguel Laparra, quienes señalaron que actualmente en nuestro país unas 50.000 familias españolas perciben la renta mínima conocida como salario social.

Estas 50.000 familias representan el 0,4 por ciento del total de famlias españolas. En 1993, las comunidades autónomas destinaron más de 22.000 millones de pesetas a sufragar salarios sociales.

En opinión de Manuel Aguilar, esta "es una cantidad no despreciable que ha supuesto un esfuerzo importante para los presupuestos de las comunidades autónomas, aunque hay un número todavía importante de grupos que no acceden a las rentas, que, según las estimaciones de población excluida, suponen entre un 0,6 y un 2,6 por ciento del total de los hogares españoles".

Mujeres olas con cargas familiares; personas solas, en su mayoría varones mayores de 45 años; familias numerosas que viven de actividades marginales y familias con múltiples problemas sociales son a grandes rasgos los perceptores de los salarios sociales.

Según uno de los coautores del estudio "La caña y el pez", Manuel Aguilar, las rentas mínimas en España no pertenecen al ámbito de la Seguridad Social no contributiva, garantizada por el Estado al amparo del artículo 41 de la Constitución, sino al de la asisencia social de competencia autonómica, con una falta casi total de coordinación entre ambos sistemas.

Otra de las conclusiones del estudio es que las rentas mínimas en España adolecen de una capacidad protectora débil, por los criterios restrictivos de acceso a ellas.

Asimismo, denuncian los autores, hay una discriminación territorial de los ciudadanos españoles en situación precaria, sin una norma que garantice la cobertura de mínimos para todos.

PROPUESTAS

Los autores ofrecen en su estuio una serie de propuestas de por dónde deben ir las cuestiones a reformar, a fin de caminar hacia la convergencia del espacio social europeo.

Dar prioridad absoluta a las políticas y medidas de lucha contra el desempleo, reforzar el sistema protector de la Seguridad Social y articular el sistema protector general y un subsistema de rentas mínimas son algunas de las propuestas del estudio "La caña y el pez".

El Consejo de las Comunidades Europeas, en su recomendación de 24 de junio de 1992, propoía establecer en todos los países miembros, dentro de los sistemas propios de protección social, una garantía de recursos y prestaciones suficientes para vivir conforme a la dignidad humana, dirigida especialemtne a las personas excluidas del mercado de trabajo o jubilados sin derecho a pensión.

Por su parte, el Tratado de Maastricht incorpora como anexo, en un protocolo específico sobre política social, la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, con carácter vinculante para os países firmantes.

Esta carta establece que "las personas excluidas del mercado laboral, bien porque no hayan podido tener acceso al mismo, bien porque no hayan podido volver a insertarse, y que estén desprovistas de medios de subsistencia, deberán poder beneficiarse de prestaciones y recursos suficientes adaptados a su situación personal".

Las Rentas Mínimas de Inserción iniciaron su andadura en nuestro país con la normativa del País Vasco sobre Ingreso Mínimo Familiar, aprobada el 28 de febreo de 1989. Un año y medio más tarde todas las comunidades autónomas, a excepción de Baleares, habían puesto en marcha algún tipo de renta mínima.