El informe presentado hoy por Cáritas, titulado "El desafío de 1992 y los inmigrantes", aborda la discriminación que sufren los más de 8 millones de trabajadores de terceros países que residen en países de la Comunidad Europea, en especial a partir de la entrada en vigor del Acta Unica.

El documento, en el que se exige alos "doce" que reconozcan a los inmigrantes los mismos derechos de los que disfrutan los ciudadanos comunitarios, ha sido elaborado también por las Comisiones de Justicia y Paz de Europa y por las iglesias para los inmigrantes de los países comunitarios.

La iniciativa tiene como finalidad expresar el rechazo a la actitud de exclusión que, a juicio de los autores, practican los gobiernos comunitarios hacia los no europeos.

"Europa no debe convertirse en una fortaleza", dice el texto; "debe estar aierta y asumir plenamente su solidaridad con el resto del mundo".

A partir de 1992 la consideración de inmigrante se aplicará sólo a los extranjeros de terceros países, que, según estas organizaciones, no disfrutarán de algunos importantes derechos, como el de libre circulación.

"DISCRIMINACION INACEPTABLE"

"Se trata de una discriminación inaceptable", dice el informe, puesto que todos estos trabajadores, según Cáritas, han participado en la construcción de la Europa actual, que ahora les rechaa.

El documento también pide que los gobiernos comunitarios faciliten a los inmigrados y familiares residentes el acceso a la ciudadanía. "Algunos de los estados miembros han concedido a los inmigrantes seguridad jurídica y ciertas ventajas sociales, sin concederles sin embargo los derechos políticos vinculados a la ciudadanía", agrega. "Lo más lógico sería reconocer la residencia permanente a estos extranjeros".

Por lo que se refiere a la creciente afluencia de solicitantes de asilo en Europa, e texto solicita que los gobiernos abandonen las medidas preventivas, especialmente el "chantaje" practicado por los estados a las líneas de transporte aéreo, que son multadas si transportan a estas personas sin la documentación en regla.

Respecto al proceso de regularización en España, los representantes de las tres organizaciones indicaron que el principal problema es la legalización de la situación de los familiares de inmigrantes que estaban en España antes del 15 de mayo.

Cáritas denunció en oncreto que la Administración haya solicitado a los familiares documentos que son imposibles de conseguir.

Antonio Martínez Rodrigo, director de la Delegación Diocesana de Inmigrantes de Madrid, manifestó que estos trabajadores no emigran a Europa únicamente porque tengan hambre, sino "para hacernos más ricos, y Europa no puede prescindir de ellos".