En el juicio, al que asistieron numerosos simpatizantes de la coalición abertzale y vecinos de Bakaikoa, Ayestarán reiteró su voluntad de continuar al frente del Consistorio, para lo cual cuenta con el apoyo unánime de todo los corporativos municipales, a pesar de que el Tribunal pueda determinar su inhabilitación para el cargo.

El alcalde declaró que "me mantendré en mis funciones mientras pueda" y calificó como "absurdo y antidemocrático, que pueda venir un juez a decirme que no puedo ser alcalde y que los vecinos que me han elegido a mí tienen que elegir a otro".

Durante la vista oral, el fiscal señaló en sus conclusiones que Javier Ayestarán actuó siempre "con voluntariedad y conociendo que vulneraba la legislaión vigente" al no incorporarse a su destino, en el cuartel de San Fernando (Cádiz), en la fecha prevista y recordó que tenía la posibilidad de acogerse a la Prestación Social Sustitutoria.

El abogado defensor, por su parte, solicitó la libre absolución del encausado y afirmó que en los casos de insumisión se enfrentan dos bienes jurídicos: la defensa militar del Estado y la libertad ideológica y de conciencia, y que esta última es prioritaria respecto a la anterior.

Asimismo, criticó el endureciiento de las penas en el Código Penal, que establece mayores condenas de cárcel que las aplicadas en años anteriores para los delitos de insumisión.

Al finalizar el juicio, los parlamentarios navarros de HB Mauricio Olite e Itziar Gómez y otros cargos electos rompieron diversas cartillas militares y las depositaron sobre la mesa del ministerio fiscal.