Liaño había presentado una queja ante el Fiscal General del Estado por la actuación del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (a juicio de Liaño contraria a los principios de legalidad), quien instó a la juez que instruye el sumario del supuesto vídeo para que remitiera al Tribunal Supremo la instrucción que Liaño efectuó en este mismo asunto.

El juez acusó al fiscal de Madrid de incumplir principios d legalidad y jerarquía y estar movido por "turbias razones" e incluso apuntó que el objetivo de Fernández Bermejo era "perjudicar el procedimiento sabiendo que su petición iba a ser difundida" en los medios de comunicación.

El fiscal general del Estado encargó entonces a la Fiscalía del Tribunal Supremo que abriera unas diligencias informativas para estudiar la denuncia de Liaño.

El encargado de estudiar la queja fue el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José Aparicio, quien asegura en un infome dirigido a Cardenal que la actuación de Fernández Bermejo fue correcta y no incurrió en ninguna de las infracciones de las que le acusó el juez Liaño. Por ello, el fiscal general del Estado decide archivar la queja y da la razón al fiscal, en contra de lo expuesto por Liaño.