Mariscal, que presentó hoy los presupuestos de la Administración de Justicia para el año 2000, señaló que el salario del fiscal general del Estado se incrementará n 2 por ciento, de acuerdo con el criterio aprobado por el Gobierno para el conjunto de los funcionarios.

Asimismo, a propósito de la reclamación formulada en la misma dirección por el colectivo de jueces y fiscales, indicó que la subida del 2% es la que está aprobada formalmente, si bien recordó que a finales de este mes su departamento tiene previsto reunirse de nuevo con las asociaciones respectivas para retomar las negociaciones en torno a la llamada ley de retribuciones.

A propósito de las isistentes preguntas formuladas por los periodistas en relación a los salarios de jueces y fiscales, la titular de Justicia comentó que "no deja de llamarme la atención el que se le dé más importancia a un incremeto salarial o no que a la creación de plazas de jueces y magistrados", en los términos que contempla el paquete presupuestario de su departamento para el próximo año.

PRESUPUESTOS

Precisamente, el proyecto de presupuestos de Justicia se elevará en el 2000 a 158.692 millones de pesetas, sin cntar los organismos autónomos y públicos (Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Mutualidad General Judicial y Agencia de Protección de Datos), que percibirán un total de 11.747 millones de pesetas.

La cifra global supone un incremento del 8,4 por ciento en relación a los 146.249 millones presupuestados en el ejercicio anterior. De igual modo, está prevista la creación de 10 secciones de audiencias provinciales, 119 órganos unipersonales y 120 agrupaciones de juzgados de paz. Por otra parte, se crearán 152 plazas de magistrados y jueces, 36 plazas de fiscales, 139 de secretarios judiciales, 46 de médicos forenses, 293 de oficiales de juzgado, 333 de auxiliares de juzgado, 245 de agentes judiciales y 130 de empleo laboral.

La partida destinada a inversiones reales será de 8.723 millones de pesetas (+11%), que permitirá la construcción y mejora de nuevos edificios judiciales, equipamiento informático de órganos judiciales y adaptación de edificios, obras urgentes y materil diverso.

Por último, el presupuesto para formación asciende a 988 millones (+5,2%), mientras que se destinarán 3.957 millones para la gestión de la Prestación Social Sustitutoria (PSS), que afectará a unos 140.000 objetores de conciencia.