Votaron a favor del cese de los fiscales los diputados de los Grupos Socialista, IU y Mixto, que quedaron en minoría frente a los votos de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria. La poposición de CiU obtuvo finalmente el apoyo de la práctica totalidad de la Cámara, con un voto en contra y una abstención.

El portavoz socialista de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, esgrimió numerosos argumentos en su solicitud de cese del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

Entre esos argumentos, Belloch aludió a declaraciones de Cardenal antes de ser nombrado como fiscal general, a las que consideró fuera e la Constitución, y criticó que ambos fiscales utilizasen sus cargos "para favorecer a los amigos del señor Aznar", para lo que puso como ejemplo que optaron por mantener la competencia del juez Gómez de Liaño en el caso de un video en el que aparecía el director de "El Mundo", Pedro J. Ramírez, con el fin de que el caso se mantuviera en la Audiencia Nacional.

Belloch consideró el argumento más grave la actitud "intolerable" de esos fiscales con relación a las investigaciones en marcha sobre los delios de terrorismo y genocidio en Chile y Argentina, por la legitimación originaria del golpe en ambos países que recogía el escrito de Fungairiño.

TRIBUNAL INTERNACIONAL

Ignasi Guardans, de CiU, defendió la proposición que condena enérgicamente los crímenes contra la humanidad y las violaciones de los derechos humanos, "con independencia de que se desarrollen bajo apariencia de legalidad institucional", y apoya las medidas tendentes a la creación de un Tribunal Penal Internacional de carácter permanete.

La diputada de Nueva Izquierda Cristina Almeida, por el Grupo Mixto, defendió también una proposición no de ley en la que se instaba al cese inmediato del fiscal general del Estado y a la remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, "para que la sociedad española no tenga que avergonzarse".

El representante del Bloque Nacionalista Galego Francisco Rodríguez se adhirió a las peticiones de cese y se pronunció a favor de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, para el que reclamó más indeendencia. En la misma línea, apoyaron el cese de Cardenal y la remoción de Fungairiño la diputada Begoña Lasagabáster, de Eusko Alkartasuna, y Pilar Rahola, del Partit per la Independencia, quien calificó a ambos fiscales de "un peligro para la democracia".

Luis Mardones, de Coalición Canaria, también apoyó la creación de un Tribunal Penal Internacional de carácter estable, pero no se adhirió a la petición de cese de Cardenal por considerar que éste ya rectificó durante su intervención en la Comisión e Justicia la semana pasada.

La representante del PNV Margarita Uría consideró suficiente la rectificación realizada por Cardenal el pasado jueves, apoyó la proposición de CiU y apostó por una nueva fórmula para el nombramiento del fiscal general del Estado.

Pablo Castellano, de IU, consideró que Cardenal debería haber evitado el "penoso trámite de hoy", porque en política hay que saber cuando "se es ya incapaz de dirigir una institución". Señaló su apoyo a la proposición socialista en su finalidd, aunque sin compartir en su totalidad los argumentos esgrimidos por el portavoz del PSOE.

Andrés Ollero, del Grupo Popular, mostró su apoyo a la proposición de CiU que condena los crímenes contra la humanidad y propugna la creación de un Tribunal Penal Internacional.

El portavoz popular calificó de "capitulitos" los diez argumentos esgrimidos por Belloch e ironizó que el portavoz socialista había estado moderado, al no pedir también la dimisión de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal.

El debate fue seguido desde el palco del público en el hemiciclo del Congreso por varias representantes de las madres de la Plaza de Mayo.