La fiscalía abrió diligencias ante los presuntos indicios que encontró para implicar al arzobispo de Barcelona en un supuesto delito de blanqueo dinero.

Según el arzobispado, a pesar del archivo de la causa dos años después de que se abriera, las "graves" e "injustas" acusaciones lanzadas contra el cardenal Carles han causado "un grave daño a la imagen del señor cardenal y a la propia Archidiócesis de Barcelona, confundiendo gravmente a la opinión pública".

Asimismo, señala en un comunicado que el arzobispado no dudó en ningún momento de la inocendia de Ricard María Carles, ya que la acusación se sustentaba "en una equívoca conversación telefónica interceptada por la policía entre delicuentes habituales".

Aunque el Gobierno español rechazó las comisiones rogatorias de la fiscalía italiana para poder interrogar al prelado catalán, éste contestó a las preguntas que le formuló Alfredo Ormanni.