Pascual formuló esta acusación durante la comparecencia del secretario general de Asuntos Penitenciaros, Antoni Asunción, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso.

Según el diputado popular, "la licencia de obras que se otorgó fue para un proyecto inicial que ha sufrido modificaciones, como el cambio de situación de la vivienda para funcionarios o la construcción de una depuradora que no estaba prevista".

Asimismo, consideró paradójico que fuera el propio ministro de Justicia, Enrique Múgica, el que inauguró una obra "en cierto modo ilegal".

Asunción, que rechazó la acusación deilegalidad formulada por el diputado popular, explicó que hace más de dos años el Ayuntamiento de Picasent y el Ministerio de Justicia decidieron paralizar las obras para modificar el proyecto original, al surgir un problema relacionado con la estación depuradora del centro penitenciario.

El secretario general de Asuntos Penitenciarios aseguró que el ministerio tramitó entonces la correspondiente licencia para la nueva obra, pero agregó que ante los inconvenientes que ponía el ayuntamiento de la localdad valenciana, el Gobierno tuvo que tramitar una licencia con declaración de interés social para poder finalizar la construcción.

123 FUNCIONARIOS

Aunque las instalaciones penintenciarias de Picasent fueron inauguradas el pasado 10 de enero, la primera fase de la nueva construcción no funcionará a pleno rendimiento hasta el próximo mes de mayo, según reconoció el propio Asunción.

Esta fase comprende la habilitación de 786 celdas individuales. En la actualidad trabajan en la cárcel 123 funcionaios, de los cuales 82 están dedicados a tareas específicas de vigilancia.

El máximo responsable de Asuntos Penitenciarios afirmó que en 1992 estará finalizada la segunda y última fase, que contempla la construcción de 481 celdas individuales para hombres y 279 para mujeres, la mayoría de ellas con dos camas para que puedan acoger a los hijos de las reclusas.

Además, dijo que pondrá en práctica una experiencia piloto sin precedentes en Europa, ya que la Administración pública asumirá la educación e los internos en el interior del centro.

Antoni Asunción concluyó diciendo que la seguridad en los centros penitenciarios, salvo casos excepcionales, está garantizada.