En declaraciones a Servimedia, Garnelo aconsejó a Piqué, del que dijo que tiene una imagen "francament baja", que debería negociar con todas las partes, porque a todas les afecta el protocolo y están de acuerdo en que las ayudas a la minería se tienen que reducir y en que el sector minero ha de evolucionar hacia un mercado más competitivo.

"Eso se consigue sentando en la mesa a todas las partes implicadas y tratando de buscar acuerdos que sean buenos para el Estado, para las elécticas, las empresas, los trabajadores y las cuencas mineras", explicó Garnelo, quien acusó al Gobierno de haber negociado sóo con las eléctricas.

A su juicio, Piqué no debe retirar el protocolo de las eléctricas, sino retrasar la firma del mismo hasta que se haya negociado un "marco estable para el futuro del carbón nacional" y poder reformar convenientemente el decreto firmado en 1993 que regula lo relativo al carbón.

"No es lo mismo que se reforme previamente a la firma del protocolo que después, porque el protocolo ya establece determinados condicionantes que iban a dificultar una negociación razonable del propio sctor minero", explicó Garnelo.

A su juicio, primero hay que regular el marco del carbón y luego adaptar al protocolo de las eléctricas aquella normativa que afecte a éstas, porque son "mucho más poderosas y tienen más fuerza que la minería para mantenerse en un mercado de libre competencia".

Tras explicar que el protocolo de las elécticas mantiene hasta el 2005 las ayudas genéricas y específicas establecidas en nuestro país, pero bajo normativa diferente, Garnelo agregó que el segundo tipo de subenciones se hacen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado empresas: Hunosa, Figaredo, La Camocha y la Minero Siderúrgica de Ponferrada.

LA MITAD DE LAS AYUDAS

Añadió que mientras las ayudas genéricas son este año de 68.000 millones, las específicas son de más de 90.000 millones. "Es decir, que sólo cuatro empresas que no producen ni el 20 por ciento del carbón nacional, se llevan más del 50 por ciento de las ayudas totales", explicó.

En su opinión, si se hace una reducción proporciona de las ayudas, genéricas y específicas, se corre el riesgo de que en dos o tres años hayan desaparecido todas las empresas del carbón. Agregó que, dado que lo que exige la Unión Europea a España es que cada año pague menos ayudas en términos globales, lo lógico y razonable es que primero se acabe con las ayudas específicas y luego, gradualmente, con las genéricas que cobran todas las empresas.