Así mismo, analiza la posibilidad de someter a información pública el informe de impacto ambiental, con el fin de subsanar el defecto formal que ha motivado el fallo del tribunal regional, segú informó en un comunicado.

La setencia está siendo analizada por los servicios jurídicos del Gobierno regional, mientras que desde la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo se afirma que la causa es "meramente formal".

Auguran fuente de esta Consejería que la nulidad "no llegará a producirse, habida cuenta de la posibilidad de corregir el error advertido por el TSJC en la tramitación, sometiendo el informe de impacto ambiental a información pública", según la nota.

La Consejería recuerda que la información pública del informe de impacto ambiental no era un requisito exigible cuando comenzó la tramitación de las NUR y sólo llegó a serlo a posteriori, como consecuencia de la trasposición, antes de la aprobación definitiva, de una directiva europea con efectos retroactivos.

Señala además que el TSJC no ha puesto en duda el contenido de las Normas Urbanísticas y ni siquiera ha cuestionado el informe ambiental, sino que se ha limitado a considerar que no estaba materialmente unido al expediente de las NUR, como sostiene el Gobierno cántabro, y que precisaba por ello una información pública independiente.