El convenio instrumenta mecanismos para la gestión coordinada del Parque una vez que se produzcan los traspasos de competencias en materia de planificación, gestión y organización.

Desde que se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional que determinaba que las competencias de gestión de los Parques Nacionales correspondían a las Comunidades Autónomas, Castilla y León, Cantabria y Asturias han manifestado reiteradamente su voluntad de cooperar para el mantenimiento de la unidad ambiental del Parque Nacional de Picos de Europa.