Cano Hevia, ex director de la Escuela Superior del Ejército, participó en un curso sobre la objeción de conciencia oranizado por la Universidad Complutense en El Escorial (Madrid).

Este militar considera que dicha decisión es "una discriminación que entra en el terreno de la coerción". "La persona que por ley puede no hacer el servicio militar, no tiene por qué ser castigada", afirmó.

En su opinión, el Ejército profesional sería mucho más eficaz que el actual y solucionaría muchos de los problemas que afectan en estos momentos a las Fuerzas Armadas.

Cano asegura que más del 50 por ciento de los profesionals del Ejército de Tierra prefieren un Ejército profesional. "A nosotros nos gustaría pagar a cada soldado 20.000 pesetas, pero nos encontramos, por un lado, con el condicionamiento de la clase política, y por otro, con la sociedad civil, que todavía no tiene suficiente capacidad para presionar y exigir sus derechos".

Dijo que sólo depende de una decisión política el cambio a un Ejército profesional y recordó que las posturas de los partidos son muy distintas según los países.

"Mientras en Franciaes la izquierda la que se opone al voluntariado en el Ejército ante el temor del 'pretorianismo', en cambio en España parece que es la derecha la que mantiene esta posición", aseguró el teniente general.

Añadió que si se demostrara que el pueblo es mayoritariamente partidario de una modificación radical del servicio militar, "lo democrático sería modificarlo".

Sin embargo, no se mostró a favor de un referéndum, ya que, a su juicio, es tarea del político saber qué es lo que quiere el pueblo sin neesidad de recurrir a este tipo de convocatorias.

José Manuel de la Iglesia, vocal objetor del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC) y participante en el coloquio, afirmó que la ley de objeción de conciencia de 1984 significa un "paso adelante en el proceso para llegar al Ejército profesional", aunque sea una normativa "insuficiente y limitada".