Según las declaraciones de Andreu Bordoy, el intnto de soborno fue orquestrado en l991 por el entonces consejero adjunto a la Presidencia del Gobierno balear, Francisco Gilet, con el beneplácito del entonces presidente, Gabriel Cañellas.

Cañellas ha negado rotundamente este extremo: "No sé nada del caso Calvià y tampoco intervine. Cada uno que haga y crea lo que quiera". El ex presidente de la comunidad y todavía presidente del Grupo Popular en el Parlamento balear aseguró que comparecerá ante el juez si el magistrado lo estima oportuno para dar suversión de los hechos.

Bordoy afirmó que el PP en Baleares le pidió que negara los hechos ante el juez cuando el concejal socialista al que intentaron sobornar decidió acudir a los tribunales. A cambio, el Partido Popular se haría cargo de su defensa y de las posibles sanciones. Sin embargo, cuando se dictó la sentencia en firme, en 1994, indicó, "me doy cuenta de que no cumplirán sus compromisos".

Bordoy acudió entonces a la cúpula nacional del partido, remitiendo un escrito a José María Aznar e el que le ponía al corriente de toda la operación. Según su testimonio, el presidente del PP dejó el asunto en manos del Comité Nacional de Conflictos, que decidió no intervenir.

El ex vicepresidente del PP en Calvià, Andreu Bordoy, declaró ayer ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, en la reapertura del 'caso Calvià'. A la luz de sus declaraciones podría haber nuevos implicados en el caso.

En 1993, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenó a Andru Bordoy, al asesor urbanístico del PP Miguel Deyà y a un empresario muy vinculado al PP, Guillem Ginard, a pagar una multa de 100 millones de pesetas cada uno por un delito de cohecho.