La comparecencia se produce después de que el propio Cañellas reconociera el pasado sábado que el beneficiario de la concesión Antonio Cuart, era socio suyo, y que en la adjudicación hubo criterios políticos.

El Gobiern balear adjudicó la obra del Túnel de Sóller en l989 por un importe de 6.000 millones de pesetas. Los trabajos se paralizaron hace más de un año y se necesitan 3.600 millones para acabarlos. Hace tres meses, el principal acreedor de Quart S.A., las hermanas Koplowitz, se hizo con el 51 por ciento de las acciones de la concesionaria, sobre la que pesa una orden de quiebra dictada por un juez de Palma.

Entre mañana martes y el miércoles, la comisión parlamentaria escuchará las explicaciones de un total e 11 personas que han tenido que ver en alguna ocasión con la concesión, obras u operaciones relacionadas con uno de los proyectos más ambiciosos de los impulsados por el Gobierno Balear, y que lleva ya cinco años de retraso por la insolvencia financiera del concesionario.

La comisión sobre el túnel de Sóller se creó en el Parlamento de las Islas Baleares el pasado mes de junio tras las reiteradas peticiones de los grupos de la oposición que denunciaron la supuesta connivencia entre el Gobierno Baleary el ex concesionario, a quien el Ejecutivo continuaba concediéndole prórrogas a pesar del retraso de la obra.