Así lo ha comunicado el Consejo del Patrimonio Histórico, órgano de coordinación entre el Ministerio de Cultura y todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, reunido en los dos últimos días en Almagro (Ciudad Real).

A la reunión, que ha estado presidida por Julián Martínez, director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, han asistido los directores generales de Patrimonio Cultural de todas las Comunidades Autónomas, así como los de Ceuta y Melilla.

De todas las candidaturas presentadas a Patrimonio Mundial por los diferentes países tan solo han sido seleccionadas 45, dos de ellas son las españolas mencionadas anteriormente.

Asimismo, en la reunión de Almagro se ha informado de la preparación de la candidatura a Patrimonio Mundial de La Ruta del Mercurio en el Camino Real Intercontinental (Almadén y San Luis de Potosí).

Esta candidatura tiene por objeto poner de relieve el valor de la minería histórica como parte sustantiva del Camino Real, a través de un ejemplo como es la explotación minera del mercurio en Almadén, la mayor mina del mundo productora de este mineral, y su repercusión en la minería de la plata en América.

Para ello, los trabajos de investigación y documentación relativos a Almadén se pondrían en relación con explotaciones de algunos países iberoamericanos, como San Luis Potosí, en México, que refuerzan el valor y significado de cada uno de los lugares dentro del conjunto.

Por otra parte, Castilla-La Mancha ha presentado al Consejo de Patrimonio la candidatura Mito y Legado del Quijote en el espacio cultural manchego para que, en su momento, España la presente ante la UNESCO para ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En esta misma reunión, el Consejo del Patrimonio Histórico ha aprobado unánimemente un Decálogo que facilite la toma en consideración del patrimonio histórico en los procedimientos de evaluación ambiental.

Los criterios aprobados recomiendan tener en cuenta la conciliación entre cultura, infraestructura y naturaleza para que los trabajos se aborden de forma conjunta entre los agentes implicados en Patrimonio, Medio Ambiente y Fomento. Se ha acordado, igualmente, implicar al mundo académico en la toma de decisiones e impulsar la participación ciudadana.