La letrada, Cristina Malo, basa su recurso en su opinión de que, en contra de lo señalado por el magistrado Solsona, no existió abuso de autoridad por parte del sargento Miravete, sino que el delito presuntamente cometido por su representado se encuadra en a tipificación de imprudencia temeraria con resultado de muerte.

Según la abogada, los hechos por los que se procesa al sargento Juan Carlos Miravete entran de lleno en las competencias propias de la vía jurisdiccional, recogidas por el Código Penal ordinario y no en el militar.

Tras el recurso, según han confirmado fuentes judiciales a Servimedia, podría plantearse un conflicto de jurisdicciones, en el supuesto de que la vía militar y la civil fuesen competentes de igual modo para juzgar el caso lo que habría de ser resuelto por el Tribunal Supremo.

Si definitivamente es la jurisdicción militar la que lleva adelante el proceso, será el Juzgado Togado Militar número 3 de Zaragoza el encargado de instruir la causa, cuya vista oral habría de celebrarse en Barcelona.

En este supuesto, y aunque la familia del cabo Samuel Ferrer podría ejercer la acusación particular, la Oficina del Defensor del Soldado no podría llegar a ejercer la acción popular, tal y como se comprometió a hacer desde un pimer momento.