La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal dictó hoy un auto que suspende, de forma cautelar, lo establecido en un Real Decreto de 1992, que dictaba las normas de desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Arbitrio a la Producción e Importación de las Islas Canarias (APIC).

El auto podría provocar la paralización de la aplicación de esos dos impuetos, grcias a los cuales el Gobierno canario pensaba recaudar unos 30.000 millones de peseas en 1993.

La Cámara de Comercio de Las Palmas fue la que solicitió esa suspensión cautelar, a través de un recurso interpuesto ante el Supremo.

En su decisión el tribunal aduce como causa de esa suspensión, la omisión del trámite de audiencia de la Administración central, a la Cámara de Comercio, institución de derecho público que debió ser consultada para la elaboración del citado acto legislativo.

A lo largo de esta mañana, el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Las Pamas, Angel Ferrera, consultó a sus servicios jurídicos las consecuencias del auto del Supremo, en tanto que el Gobierno insular estudiaba la posibilidad de recurrirlo.

Fuentes de la Cámara de Comercio señalaron a Servimedia decenas de empresarios mantuvieron bloqueada la centralita telefónica, para consultar si deben seguir cobrando o no el Impueto General Indirecto de Canarias.

Los empresarios son los encargados de recaudar el IGIC, cuyos tipos están entre el 2 y el 13 por ciento- en todas las oeraciones económicas de venta de productos o realización de servicios.

La aplicación del IGIC desde el primero de enero de 1993 se decretó para sustituir un impueto anterior y equiparar la fiscalidad del archipiélago con la peninsular.

Precisamente, las confederaciones empresariales de las dos provincias canarias y las cámaras de comercio, también presentaron recursos ante el Supremo, al considerar que el IGIC atenta contra el tradicional régimen de libertad comercial de las islas recogido en el statuto de Autonomía de Canarias.