Este decreto pretende desarrollar el régimen especial mediante la identificación de las líneas que deben cubrir las necesidades básicas de comunicación y la fijación de sus condiciones mínimas de prestación.

Asimismo, se desarrolla la aplicación de obligaciones de servicio público y la sujeción a autorización previa, y la regulación de los contratos de obligación de servicio público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias.

Por tanto, se establece el marco jurídico general en el que conciliar la libertad de prestación de servicios de cabotaje marítimo con la necesidad de contar en las islas con un transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías suficiente y de calidad.

En orden a garantizar ese equilibrio, la Ley diseña instrumentos en caso de insuficiencia del mercado para atender las necesidades básicas de comunicación marítima del Archipiélago, de acuerdo con las posibilidades y límites que establece la normativa comunitaria.