Tras la reciente aprobación por parte del Gobierno de Canarias de un plan de medidas fiscales y económicas para reactivar y dinamizar la economía del Archipiélago, el departamento que dirige José Manuel Soria prepara las modificaciones legislativas necesarias con el fin de que puedan ser aprobadas cuanto antes por el Consejo de Gobierno y enviadas a la Cámara regional para su tramitación parlamentaria, ya que para reducir impuestos es preciso modificar las leyes que los regulan.

En una nota, el Ejecutivo canario señala que no tiene facultad normativa para modificar leyes mediante decreto, como hace el Gobierno español, por lo que recuerda que es preciso elaborar un proyecto de ley cuya preparación, aprobación y tramitación es mucho más lenta por esta vía que por la del decreto-ley.

Las medidas fiscales incluidas en el "plan de choque" aprobado por el Gobierno de Canarias se han enfocado básicamente dentro de las acciones sobre el consumo privado y afectan al Impuesto sobre Combustibles, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Patrimonio y el Arbitrio sobre Importación y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).

El anteproyecto de ley contemplará las medidas fiscales relativas al Impuesto sobre Combustibles y el IRPF. El resto de las medidas se efectuarán en la próxima Ley de Presupuestos Generales.

En cuanto el Impuesto sobre Combustibles, al ser un tributo propio, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene plena capacidad para acometer iniciativas legislativas, y respecto al IRPF Canarias dispone de capacidad legal para establecer deducciones en la parte autonómica de la cuota.

La modificación del Impuesto sobre Combustibles se realizará desde una doble perspectiva: la introducción del sistema de devolución del gasóleo profesional y una adaptación técnica en profundidad del citado tributo.

El sector agrícola tradicionalmente ha tenido un trato favorable en la imposición indirecta aplicable en Canarias, concretamente en el IGIC. Sin embargo, y aunque las causas del declive de la agricultura en el conjunto de la economía canaria son variadas, se ha demostrado que dichas medidas fiscales no han impedido una disminución en el Valor Añadido Bruto (VAB) regional del sector agrícola.

Por ello, el Gobierno insular subraya la necesidad de articular medidas fiscales complementarias que permitan incrementar la productividad y la renta agraria a través del establecimiento del gasóleo profesional agrícola.

En relación al sector del transporte terrestre, que engloba a 36.754 empresas transportistas en la comunidad autónoma, su posición en la economía canaria no es nada desdeñable, aportando el 3,5 por ciento del VAB y constituyendo aproximadamente el 2,5 por ciento de la población ocupada.

Destaca el Ejecutivo de Paulino que los costes directos del transporte público terrestre de mercancías o pasajeros han experimentado un "fuerte crecimiento debido al importante aumento" del precio del gasóleo desde el año 2000 en adelante, en especial en los años 2004 y 2005.

Como consecuencia de ello, los precios de los servicios de transporte "han sufrido un notable incremento". Se estima que el coste de combustibles representa una media del 30 por ciento del total de los costes directos.

Por todo ello, se ha establecido en el ámbito de aplicación del Impuesto sobre Hidrocarburos del Estado una medida fiscal compensatoria de este incremento con la introducción de una devolución parcial del gasóleo de uso profesional en el transporte terrestre.

"Obviamente la no introducción de una medida similar en el ámbito de aplicación del Impuesto Especial sobre Combustibles de la Comunidad Autónoma de Canarias supondría una clara discriminación al sector del transporte terrestre de las Islas", señala la nota.

Por último, la medida relativa al IRPF persigue establecer una deducción en la parte autonómica de la cuota equivalente a la variación media positiva del tipo de interés hipotecario a lo largo del período impositivo, respecto a las cantidades abonadas en la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya la residencia habitual del contribuyente.

Esta deducción se justifica para las autoridades canarias por la tendencia alcista del tipo europeo de oferta interbancaria (euríbor) que afecta principalmente a los préstamos con garantía hipotecaria.

La deducción en el IRPF que se pretende introducir se circunscribe a las personas que representan el 89% de los contribuyentes, es decir, aquellas cuyo nivel de renta es igual o inferior a 30.000 euros.