Martín, que pertenece al PP, hizo estas declaraciones en Madrid tras reunirse junto a su socio de Gobierno de Coalición Canaria, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación territorial, Domingo Berriel, con la Comisión Mixta de Seguimiento de Canarias, una reunión prevista en el convenio suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el Gobierno canario para actuaciones en infraestructuras de las costas.

El BNG acusó ayer al PP de hacer, en materia de costas, una política distinta cuando están en el Gobierno y otra cuando están en la oposición, citando ejemplos como el de la Comunidad Valenciana. Sobre esto, la consejera popular señaló que "aquí no es cuestión de que estemos en la oposición o de que estemos gobernando, sino de que la Ley (de Costas) es dura".

Martín respondió así al ser preguntada por Servimedia en relación al rechazo de una iniciativa legislativa del PP para flexibilizar y hacer más permisiva la actual Ley de Costas.

En este sentido, la consejera recordó que la ley estatal de costas "tiene 30 años", por lo que señaló que "se tendrá que ir modificando y adaptándose a la realidad actual".

"Coalición Canaria y PP estamos de acuerdo en que la Ley está para cumplirla, eso no quiere decir que se respete la forma de hacer esas intervenciones (de demolición de edificaciones excesivamente cercanas a la costa)", añadió Martín.

La consejera canaria apeló "al consenso y la coordinación entre Administraciones, porque al final el asunto redunda en las personas", concluyó.

En este sentido, el consejero canario de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, perteneciente a Coalición Canaria, señaló que, "en política, hay que ser coherentes, la Ley de Costas es durísima, está poco humanizada, no se hicieron los deslindes en su momento", pero que "cuanto más dura es una ley, más reflexivo se tiene que ser en su aplicación y hacerlo con mayor humanidad".

"La Ley de Costas debe introducir alguna modificación, no es posible proceder a recuperar (el medioambiente) sin más en una zona cuando las edificaciones llevan 30 ó 40 años construidas antes que la ley", añadió Berriel.

Según el consejero canario, PP y Coalición Canaria "tienen muchas ideas al respecto, tiene que haber más competencias para las comunidades autónomas, que son las que ordenan el territorio". Finalmente, Berriel reconoció que hay conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas en lo referente a la zona de servidumbre.