El Ejecutivo autónomo argumenta que mientras la Administración reginal ha invertido 19,3 millones de euros en dotar al archipiélago de los recursos necesarios para aplicar la Ley de Reponsabilidad Penal del Menor, en vigor desde enero de 2001, el Estado sólo ha invertido 299.000 euros.

Según informó hoy el Ejecutivo canario, en el primer año de aplicación de esta ley, el Gobierno autónomo invirtió más de 7 millones de euros, presupuesto que se incrementó en un 58% en 2002, año en el que el programa de medidas judiciales cuenta ya con 12,2 millones de euros.

Las nversiones realizadas han permitido que, actualmente, las islas Canarias cuenten con un total de tres centros de régimen cerrado, con 80 plazas, y tres de carácter semiabierto, con 40 plazas, a los que hay que sumar la red de centros de día. Además, ha permitido dotar a los centros de los recursos necesarios para la aplicación de programas educativos y servicios de atención, así como a la contratación de personal especializado.

Tras aportar estas cifras, el Gobierno canario insiste en la necesidad de olicitar al Estado un mayor apoyo económico, "hasta el momento casi inexistente".