Esta iniciativa se aprobó con los votos a favor de CC y PP y la oposición del PSOE, tras el debate de una propuesta del Gobierno canario en este sentido.

Es la primera vez que una comunidad autónoma intenta devolver una de sus atribuciones al Estado, según el Ministerio de Administraciones Públicas.

Según el acuerdo parlamentario, el cambio legal sobre la tutela de los menores inmigrantes debe producirse con motivo del debate en el Congreso de la modificación de la Ley de Extranjería.

Asimismo, se aprobó solicitar la creación de un órgano público de coordinación del Estado con las comunidades autónomas para la distribución territorial de los menores inmigrantes en el caso de que una comunidad autónoma concreta se vea desbordada por su llegada.

LAS ISLAS NO PUEDEN

Por su parte, la consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, señaló que las islas no pueden asumir en solitario la tutela de los miles de menores inmigrantes que llegan a las islas.

Rojas dijo que, desde 1994, llegaron a Canarias 6.000 niños entre las 90.000 personas llegadas en pateras o cayucos "y ya es hora, después de catorce años, de regular esta situación", dijo.

Además, añadió que los menores llegados de esta forma a España deben tener un estatuto jurídico acorde a su situación, única manera de garantizar su acogimiento e integración.

Subrayó que con esta propuesta, "el Gobierno de Canarias ni está devolviendo ni va a devolver ninguna competencia sobre niños".

Por su parte, el diputado socialista Francisco Hernández Spínola "admitió" que la llegada de menores en patera desde las costas africanas es un problema de Estado en el que debe implicarse el Gobierno central, las demás comunidades e incluso la Unión Europea.

Aunque consideró precipitado reclamar un cambio en la tutela de los menores con motivo de la modificación de la Ley de Extranjería, defendió que "se estudien y promuevan, en su caso, las modificaciones legislativas necesarias".

Así lo solicitó el PSOE canario en una propuesta de resolución que también resultó aprobada, ya que CC y PP decidieron abstenerse al entender que era ambigua y no concretaba nada.

Spínola se felicitó de que el Gobierno de Canarias haya dejado de usar la inmigración como arma de confrontación con el Ejecutivo central y dijo que la situación de estos niños "es una cuestión de Estado" ante la que hay que ofrecer soluciones.

Asimismo, añadió que la situación de esos niños no está prevista en la legislación y eso hay que regularlo, pero se mostró partidario de que antes se estudien "a fondo" todos los cambios precisos, no sólo en la Ley de Extranjería.

"Los menores extranjeros no tienen que ser una responsabilidad exclusiva de Canarias, es ineludible la participación del Estado y de las demás comunidades autónomas", así como de la Unión Europea, dijo.

Desde los populars canarios, Carlos Ester argumentó que los menores inmigrantes deben tener una regulación jurídica propia, porque no son niños con residencia en Canarias, sino que son rescatados en alta mar y desembarcados en las islas.

Finalmente, José Miguel González, diputado de Coalición Canaria (CC), dijo que "no se pueden utilizar coartadas legislativas" para que el Estado eluda sus responsabilidades.

"No se trata de devolver la competencia en tutela de menores en situación de desamparo, sino que las normas jurídicas se acomoden a una realidad nueva", concluyó.