CANARIAS Y CASTILLA Y LEON DECRETAN LA GRATUIDAD DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS PARA LOS DISCAPACITADOS
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Las comunidades autónomas de Castilla y León y Canarias han sido las primeras en decretar la exención en el pago de las tasas universitrias a los alumnos con discapacidad, cumpliendo así lo previsto en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de Integración Social del Minusválido (LISMI), que establece la gratuidad de la enseñanza para las personas con discapacidad.
Según ha señalado a Servimedia el director general de Investigación y Universidades de Canarias, Urbano Medina, "en algunos casos la gratuidad establecida en la LISMI se interpreta como referida a la educación obligatoria, y la enseñanza universitaria no tiene esa consideración.Yo entiendo, sin embargo, que esa referencia a la gratuidad se refiere a todos los ámbitos educativos".
El otro argumento que se utiliza en este debate, según Medina, es que "normalmente, la exención de tasas es para personas que no tienen recursos económicos, pero se puede dar el caso de personas minusválidas que dispongan de estos recursos. Nuestro argumento es que el objetivo de la ley no es tanto resolver la situación de personas que no tienen recursos económicos, sino que la minusvalía no sea un nconveniente para incorporarse a los estudios superiores".
Canarias y Castilla y León han establecido en sus respectivos decretos de tasas universitarias para el curso 2002-2003 la exención en el pago de las mismas para las personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha decretado la devolución de las tasas a ese colectivo.
En el caso canario, según el director general de Universidades de las islas, la iniciativa partió de os propios estudiantes de la Universidad de La Laguna, "una propuesta asumida por el claustro de esa Universidad, que posteriormente se debatió y aceptó en el Consejo Universitario".
La misma Universidad de La Laguna, promotora de la iniciativa canaria, ha reclamado, no obstante, algún tipo de compensación por la pérdida económica que supone para la institución esa exención de tasas. Urbano Medina, sin embargo, explicó que no han hecho una evaluación del impacto económico de la medida, pero considera ue su coste "será mínimo".
"En cualquier caso", señaló, "esta no es una cuestión económica". El Gobierno de Canarias decidió adoptar la medida porque, "en primer lugar, nosotros entendemos que el espíritu de la LISMI es que la minusvalía no sea una barrera de acceso a los estudios superiores, por eso establece la gratuidad; y, en segundo lugar, porque políticamente creemos que es una ventaja".
(SERVIMEDIA)
27 Sep 2002
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