Estas medidas aparecen agrupadas en cuatro ámbitos: en los países de origen, seguridad de los espacios aarítimos, destino y menores.

Por partes, en lo concerniente a los países de origen, Canarias formula propuestas de cooperación económica y de desarrollo (inversión pública y privada) de España y Europa con los países emisores de inmigración, así como el establecimiento de instrumentos fiscales en España y el resto de los países europeos que favorezcan la inversión en África.

Respecto a la seguridad en aguas internacionales, Canarias habla de colaboración con los países ribereños para evitar las salidas de cayucos, mediante la vigilancia de sus costas con medios españoles, de FRONTEX, debiendo tener carácter permanente este dispositivo, o de otros países europeos, dentro de sus respectivas aguas jurisdiccionales, para labores de salvamento y devolución a sus territorios.

Si estos países carecen de medios propios deben facilitar que sean los otros países quien lleven a cabo el control efectivo de las costas, según la propuesta canaria.

De igual modo, sobre cómo operar en destino, el Ejecutivo que preside Adán Martín, pide la habilitación por el Estado en Canarias de los medios (recursos humanos, materiales, instalaciones, sanidad exterior, etc.) así como de protocolos, procedimientos, sistemas de organización, comunicación y coordinación adecuados a la magnitud del problema; así como previsión todo tipo de escenarios de riesgo que pudieran presentarse derivados directa o indirectamente de la inmigración masiva por cayucos.

Tambi‡én que se modifique la legislación y normativa de extranjería, para que se adapte a la problemática específica de la llegada masiva de inmigrantes por cayucos, proponiendo soluciones a específicas y singulares (juzgados, comisarías, centros de internamiento, etc.).

La dotación de instalaciones para uso del Estado que permitan abordar la llegada de inmigrantes en La Gomera y El Hierro, para que no se sigan utilizando instalaciones municipales o insulares de otro tipo de usos públicos es otra de las medidas.

Por último, respecto a la situación de los menores sin documentación, reclama Canarias una redistribución de éstos en el conjunto de España, a partir de que se supere el límite máximo pactado para la adecuada integración.