La iniciativa del Ejecutivo canario "responde a la necesidad de actualizar y adaptar la normativa autonómica reguladora de las subvenciones al vigente marco normativo, el cual ha experimentado notables modificaciones en los últimos tres años", afirman desde el Gobierno autonómico.

Estas modificaciones son, principalmente, la aprobación de la Ley estatal 38/2003 General de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla, que constituyen en buena parte los preceptos básicos de la normativa estatal sobre subvenciones.

La promulgación por el Estado de estos preceptos básicos del régimen de subvenciones, derivados de la exigencia de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y del control del gasto público, limita considerablemente, según el Gobierno canario, el margen de actuación de la comunidad autónoma.

Aún así, el decreto aprobado desarrolla las normas que no contienen preceptos básicos tales como la publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, "los cuales han de presidir la actuación de cualquier administración pública", concluyen.