La compañía distribuidora pretendía imputar a los vecinos de la urbanización, que cuenta con 280 viviendas construidas, el coste de instalación de una canalización de 600 metros de longitud para unir la urbanización con la red de gas y de 3.640 metros más de tuberías por el interior de la urbanización.

Ante la ambigüedad de la normativa, la Junta de Extremadura, que es la instancia que debe autorizar la instalacón de la canalización, decidió preguntar en diciembre de 2003 a la CNE, que ahora ha respondido.

La Comisión "considera recomendable que las canalizaciones de una cierta longitud, así como las que alimenten a una pluralidad de fincas, se contemplen por el Organismo Competente como redes de distribución, y no como acometidas, para evitar que toda una red de distribución se ejecute en base a la sucesión de acometidas conectadas unas a otras, recayendo todo el coste de la canalización en los consumidores.

La CNE señala que, una vez determinada la longitud de canalización considerada acometida de acuerdo con el Anexo III de la Orden ECO 33/2004, y en el caso de que su abono sea aceptado por los consumidores solicitantes, "la compañía distribuidora está obligada a realizar las acometidas y ampliaciones de la red de distribución correspondientes, de acuerdo con las obligaciones de los distribuidores establecidas en el articulo 10 del Real Decreto 1434/2002, punto 3, e) y k)".