En su iniciativa, los socialistas reclaman también al Gobierno que exijan las responsabilidades de "todo orden, incluida la patrimonial", en que los miembros del Ejecutivo y otras autoridades pudieran haber incurrido por "dolo, culpa o negligencia grave".

El Grupo Socialista argumenta que la sentencia tiene su origen en el real decreto aprobado en enero de 1997, y recuerdaque junto a otras formaciones políticas ya advirtió durante su tramitación parlamentaria de "la ilegitimidad de sus medidas y de su incompatibilidad con las normas del derecho comunitario".

Tras la condena, prosigue, es "más evidente aún que aquellas actuaciones del Gobierno fueron adoptadas en función de intereses exclusivamente particulares, y en beneficio de determinadas empresas", por lo que debe "corregirse el efecto perverso" que supondría pagar esta condena exclusivamente con "dinero público, e decir, de los ciudadanos".

Para ello, concluye, nuestro ordenamiento jurídico permite que la indemnización "pueda ser repercutida a las autoridades cuya actuación ha provocado la lesión", y así debe exigirlo de oficio el servicio jurídico del Estado.