Aunque el plazo para reducir la plantilla concluía el 31 de diciembre de 1992, el plan se ha cumplido casi en su totalidad, ya que Campsa tiene actualmente unos 4.800 empleados, es decir unas 3.700 personas menos que hace cinco años.

La intención de los responsables de la compañía es aplicar un plan simultáneo de jubilaciones anticipadas para mayores de 55 años, que no ha tenido buena acogida entre los sindicatos CCOO yUGT, por lo que éstos han propuesto un plan de empleo alternativo.

Dicho programa se justifica, según la empresa, en la necesidad de mejorar su compatitividad tras proceder a la segregación de sus activos de distribución y comercialización entre los actuales accionistas de la sociedad, y que generá un excedente laboral aún no cuantificado.

La alternativa sindical, que ya ha sido entregada a Campsa, consiste en la aplicación de un plan de empleo y de bajas incentivadas hasta 1994 que, entre otras ndemnizaciones, fija cantidades de hasta 3,5 millones de pesetas y media mensualidad para los trabajadores de 50 a 64 años que deseen abandonar la empresa voluntariamente.

También contempla algunas modificaciones en el actual sistema de compensaciones por invalidez, al situar en 6,3 millones de pesetas los abonos de la empresa por invalidez total y en 4,2 millones si se trata de incapacidad absoluta.

Uno de los aspectos del plan que más importancia otorgan las dos centrales, mayoritarias en el coité de empresa, es el compromiso que deberá adquirir la compañía para crear empleo alternativo a todas las personas que se vean afectadas por los excedentes y que no se acojan al programa de bajas voluntarias.

En este sentido, Díaz-Fernández ha manifestado públicamente su compromiso de recolocar a los 200 trabajadores que restan del Plan estratégico de 1986, en el Grupo Repsol, y asegura que ese programa se cumplirá sin obligar a nadie a perder su empleo en la empresa.