Con calificativos de "burla", "inaceptable" y "alarmante" han respondido la mayoría de organizaciones españolas a la propuesta de la Comisión, que pretende aprobarse antes de fin de año, y que supone una reducción de los presupustos destinados a este sector en un 5% entre 1996 y el año 2001.

Para la asociación de Jóvenes Agricultores ASAJA, la propuesta de la Comisión demuestra que sus responsables se están burlando tanto de la Administración española como de los productores de frutas y hortalizas nacionales.

Además, esta organización cuantifica en más del 60% el aumento que se va aplicar en las cantidades de retirada de producto sobre las que ya están en vigor, para frutas y hortalizas, mientras que para frutos secos hbrá disminuciones presupuestarias superiores al 28%.

No obstante, las organizaciones agrarias califican de especialmente grave la decisión de la Comisión de no ampliar el número de productos sujtos a regulación del mercado, por lo que estarán fuera de protección secvtores importantes para la economía agraria española como las fresas, el espárrago, el ajo y el melón, entre otros.

Por su parte, las Cooperativas Agrarias de España (CAE) mostraron su alarma por esta propuesta del Ejecutivo comunitari, calificándola como una "discriminación" frente a otras producciones continentales, que sí cuentan con garantías en precios y compensaciones.

Asimismo, califican las pretensiones de la Comisión como retroceso en la producción de protecciones españolas frente a países terceros no comunitarios, con la correspondiente pérdida de cuota de mercado que puede conllevar el enfrentarse a países como Marruecos y Brasil, donde las cargas sociales y fiscales "son casi inexistentes".

También la Unión de Pequños Agricultores (UPA) se expresó con dureza contra la propuesta para elmercado hortofrutícola, al decir que se salta principios básicos de la Política Agraia Común (PAC), como son la solidaridad financiera, la preferencia comunitaria y la unidad de mercado.

Estas acusaciones de la UPA se basan que una regulación como la que pretende la Comisión arrastrará un descenso en las ayudas a algunos productos españoles y la desprotección de otros con un peso de casi el 25% en la producción agraria nacional, a tiempo que se debilita el mercado consintiendo la entrada en la UE de productos de países terceros.