Muestr de ese desacuerdo lo constituye el texto del informe, que hace una vaga referencia al acuerdo de todos los grupos para reducir gastos electorales (objeto de este mes de trabajo) y no incluye detalles concretos.

El enfrentamiento lo protagonizan, por un lado, el Partido Popular (PP), que ha anunciado la presentación de una proposición de ley en solitario, e Izquierda Unida (IU), que considera insuficiente reducir los gastos electorales sólo en un 20 por ciento (más de 400 millones por campaña).

Fente a estas posturas se encuentra la del llamado "bloque constitucional", integrado por PSOE, los nacionalistas de CiU y PNV, y CDS, para quienes lo importante es el mensaje de ahorro electoral que se lanza a la sociedad.

Sí se logró el consenso, esta mañana, para reducir del tope máximo de duración de las campañas, que pasa de 21 días a 15 días, y para evitar que el Estado gaste dinero llamando al voto en medios de comunicación privados. A partir de ahora, los mensajes institucionales se difundirán ólo a través de medios de comunicación públicos (RTVE).

También hay acuerdo en la necesidad de consignar una cantidad cercana a los 500 millones de pesetas para el "mailing" (publicidad electoral por correo) de cada formación política, y en buscar una fórmula de adelanto de subvenciones, que impida que la acumulación de intereses bancarios lastre la deuda de los partidos.

El Estado abonará a los partidos el 90 por ciento de la subvención que les corresponda (por voto logrado) un mes después de coocerse los resultados oficiales de las elecciones. No obstante, el beneficiario depositará un aval ante la Junta Electoral Central, en previsión de que la votación sea recurrida o de que sea sancionado por irregularidades electorales.

Por último, todos los partidos han consensuado que los delitos electorales, actualmente incluidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), sean traspasados al futuro Código Penal, que se tramita en el Congreso de los Diputados.

PP: NO AL "DIRIGISMO"

A pesar de estos puntos de acuerdo en la reforma de la Loreg, el PP no ha accedido finalmente a respaldar el informe de la ponencia, según el vicesecretario general de este partido, Javier Arenas, por el "dirigismo" que quieren imprimir PSOE, CiU, PNV y CDS a los gastos de campaña.

En su opinión, no es admisible que estos cuatro partidos hayan intentado hacer valer en la ponencia un acuerdo previo que suscribieron con oposición conservadora. En él se hacía hincapié en que el recorte de gastos debe cntrarse, fundamentalmente, en la publicidad exterior (vallas, carteles de candidatos y banderolas) y la que se inserta en periódicos y radios privadas.

Esta mañana ambas partes se han mantenido en sus respectivas posturas: en publicidad exterior, los favorables al informe de la ponencia han acordado pedir a los ayuntamientos mayor cantidad de espacios libres para cartelería y limitar hasta un máximo del 25 por ciento del presupuesto de campaña, la cantidad que cada partido pueda destinar a este capítuo; al mismo tiempo, pretenden que se dedique un máximo del 15 por ciento de ese presupuesto a propaganda en periódicos y "cuñas" en radio.

El PP, dijo Arenas, aceptaría englobar ambos porcentajes en un único apartado de la Loreg, en donde se diga que los partidos no podrán dedicar a propaganda más de un 50 por ciento del presupuesto de campaña, pero no el "sinsentido" de que se desglose y con ello se le diga a un partido cuánta cantidad tiene que dedicar a determinada finalidad.

Además, el PP insste en la necesidad de regular por ley los debates en medios de comunicación públicos, principalmente TVE, y muestra su oposición "radical" a la pretensión de que un debate pueda suspenderse por la no participación de cualquier grupo con representación parlamentaria.

El portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, afirmó que últimamente se han dicho "bastantes tonterías" en relación con los trabajos de esta ponencia y calificó de "error técnico político" la decisión del PP de no suscribir el iforme final.

El representante de Izquierda Unidad en la ponencia, José Luis Núñez, comentó a los periodistas que a la coalición le parece "insuficiente" reducir los gastos electorales sólo en un 20 por ciento y que IU es partidaria de que el recorte llegue a un 40 o 50 por ciento.