El mencionado artículo dice que "quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, origen racial o vida sexual".

Según la CLI, que agrupa a una decena de organizaciones profesionales del campo informático y jurídico, así como sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos humanos, el tratamiento informático de datos peronales sólo sería legal si el afectado diese su "consentimiento expreso y por escrito" (artículo 7.2 de la Lortad).

La Comisión de Libertades e Informática expresará al Defensor del Pueblo su inquietud ante esta campaña, que, además, podría transgredir también el artículo 16.2 de la Constitución: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".

La infracción de lo previsto en los citados artículos 7.2 y 7.4 es considerada por la Lortad como "falta muy grave" y sus atores pueden ser sancionados con una multa de entre 50 y 100 millones de pesetas e inmovilización del fichero.

Todo lo anterior sería perfectamente legal si se tratara de una encuesta en la que no pudiese identificarse quién ha emitido la correspondiente respuesta, pero no parece ser éste el propósito de la citada campaña, apunta la CLI.

La Comisión de Libertades e Informática considera "cuanto menos paradójico" que el partido que ha aprobado en solitario la Lortad "-que, junto a aspectos positivs, presenta peligrosas zonas de sombra denunciadas por la CLI-, haya tomado una iniciativa que la transgrede abiertamente, incluso antes de su entrada en vigor".

De todos modos, la comisión espera que el Partido Socialista rectifique "para evitar la demanda judicial que, en caso contrario, podría ser interpuesta por cualquier ciudadano involucrado en la campaña que considerase que ésta vulnera sus derechos constitucionales".