Además de desacreditar a los médicos de familia y a los inspectores, las citadas federaciones criticaron que la propuesta atenta contra la integridad de la asistencia sanitaria y crea un sistema privado paralelo al sistema público.

Estas asociaciones sostienen que las nuevas medidas dan mayores competencias al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de la Marina (ISM) para intervenir en el tratamiento y control de las personas de baja laboral por enfermedad en detrimento de los Servicios Públicos de Atención Primaria y de la Inspección Médica, competencias que, vaticinan, en un futuro se trasladarán previsiblemente también a las mutuas laborales.

"El INSS y las Mutuas Patronales que actualmente pueden citar, estudiar, tratar o dar de alta a los enfermos de baja, incluso contra el criterio de sus médicos de cabecera, al mismo tiempo podrán acortar el tiempo máximo de baja", advierten.

Las dos federaciones explican que la reforma legal pivota esencialmente sobre dos conjeturas: el fraude sistemático de los trabajadores de baja por enfermedad y la mejor capacidad de gestión del INSS y las mutuas.

Sin embargo, estas dos cuestiones, a su juicio, no se han demostrado, ya que el gasto de la incapacidad temporal o baja está condicionado por múltiples factores, en muchos casos ajenos a los pacientes y profesionales sanitarios, como precariedad y temporalidad laboral, malas condiciones de trabajo, crisis económica, mala organización del sistema sanitario, listas de espera, etc.

En su opinión, el Gobierno debería abandonar la estrategia privatizadora de la gestión de la incapacidad temporal, "reintegrando las competencias y recursos en manos de las mutuas al sistema de salud".

Además, el Ejecutivo tendría que potenciar y dotar adecuadamente la Atención Primaria y la Inspección Médica, para garantizar su capacidad resolutiva y el control de los enfermos de baja.

Del mismo modo, estas federaciones son partidarias de poner en marcha una estrategia para mejorar la eficiencia global del sistema que reduzca los tiempos de espera que prolongan innecesariamente las bajas por enfermedad.