Según el Gobierno, este comporamiento de los ayuntamientos hace imposible que la Oficina del Censo Electoral pueda cuantificar el número de electores que se han inscrito con un nuevo nombre.

El Gobierno ha respondido que en las instrucciones que la Oficina del Censo Electroal envió a los ayuntamientos se indicaba que el cambio de nombre o apellidos debía contemplarse como una modificación por cambio en los datos personales.

Sin embargo, señala el Gobierno, "algunos ayuntamientos han tratado estas modificaciones como una bajaun alta en donde se recoge el nombre y apellidos actualizados. Esto ha sido así porque el propio ayuntamiento ha podido identificar que la baja y el alta se refieren a la misma persona".

Con el fin de detectar las posibles omisiones o excesos que este sistema pudiera producir, las bajas comunicadas por cada ayuntamiento se han cruzado con las altas recibidas con motivo de la revisión anual, subraya el Gobierno.

Añade también que cuando no fue posible localizar el alta correspondiente a una baja,se envió al elector una notificación de baja de inscripción para verificar que no se trataba de una exclusión indebida.