A su juicio, esta circunstancia puede "perjudicar la competitividad de las empresas" nacionales, que podrían "trasladar su centro de negocios a otros estados europeos que establecen menores sanciones y cuyas legislaciones no son tan estrictas".

Aunque la mayoría de las legislacione europeas recogen la necesidad de consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos, en España se requiere "un consentimiento inequívoco". Además, explican las Cámaras, la ley española obliga a garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales con "una de las legislaciones más exigentes".

El régimen sancionador es especialmente estricto en la norma española. Mientras que en el Reino Unido, Dinamarca o Finlandia no se determina exactamente la cuantía de las penalizaciones, o n países como Irlanda no pasan de 1.300 euros, en España las sanciones pueden alcanzar un máximo de 600.000 euros.

En consecuencia, las Camaras de Comercio piden que la Agencia de Protección de Datos se financie con cargo a una partida presupuestaria concreta, abandonando su actual sistema de financiación, basado en la recaudación sancionadora.